TETLAMA, 14 abril 2013 (El Universal).- El puñado de autoridades nahuas de Tetlama, Morelos, a 17 kilómetros en línea recta de Cuernavaca, bajo un sol grosero, muestra las obras sociales hechas por la minera Silver del consorcio canadiense Esperanza Resources: un arco de piedra recientemente construido sirve de entrada a la callecita pavimentada de 75 metros de largo que desemboca en la ermita de San Agustín.
Luego, los campesinos caminan a la telesecundaria, donde hay 20 computadoras donadas por la empresa. Después, hacia la toma de agua que ésta compuso. Enlistan más beneficios: ocho tambores para la banda de guerra de la secundaria, el arreglo de baños escolares, un equipo de sonido para la primaria, apoyos en la fiesta del santo patrono, despensas.
La comitiva militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recorre el pueblo rodeado por un paisaje agreste, seco. La encabeza el comisario de bienes comunales Julián Hernández, quien tiene la piel tatemada y un trato retador.
"¿Quién nos había dado apoyos antes? ¡Nadie!", dice sobre la minera que según su portal de internet encontró en el cerro de Colotepec de Tetlama, a dos kilómetros de las pirámides de Xochicalco, un depósito de 1.5 millones de onzas de oro y 16 millones de onzas de plata que proyecta extraer utilizando cianuro a cielo abierto.
Las autoridades de Tetlama desafían al gobierno estatal, arqueólogos y ambientalistas, y al movimiento adversario emergente en 16 comunidades de los municipios de Miacatlán, Temixco y Xochitepec, que rechazan los trabajos de la firma canadiense por considerarlo devastador.
Sin embargo, Hernández argumenta que los mil 400 habitantes de Tetlama están hartos de vivir en la pobreza y la marginación, por lo que asumirán los costos ambientales, a la salud y agropecuarios, que hubiere a cambio de la promesa hecha por la minera: "Nos dará empleos para toda la gente".
Oro por empleos
Un centenar de pobladores acude al llamado matutino de Doroteo Leyte, al frente de la ayudantía municipal, tras la solicitud de entrevista de EL UNIVERSAL.
Desde que trascendió el conflicto en el estado, al arrancar 2013, el movimiento opositor acusó a Tetlama de haber ocultado por nueve años su contrato con la minera y de actuar de forma hostil en contra de los inconformes.
Hombres y mujeres arriban al salón. Leyte y Hernández piden que la reportera y el fotógrafo se identifiquen a plenitud. Hay tensión en el lugar. Hernández encabeza la reunión en la que trasciende que los sembradíos que cultivan son de temporal y sólo pueden cosecharlos después de la época de lluvias. Entonces sacan 600 pesos a la semana, si bien les va.
En cambio, dice un señor de bigote, la empresa contrató a 80 hombres para labores de exploración y servicios varios y les paga mil 750 pesos semanales.
Hernández comenta que la minera empezó los trabajos de exploración en 2004. Admite que la comunidad no cuenta con asesoría legal, laboral ni ambiental.
Una andanada de preguntas a la muchedumbre queda por tal razón sin respuesta: ignoran si sus dos cerros serán totalmente destruidos, el tiempo de vida de la mina, la proyección de sus ganancias, el territorio que ésta se apropiará para sus instalaciones, si el cianuro volatilizado contaminará a la gente y las milpas.
Leyte sentencia: "Si mi comunidad quiere empleos y está a favor de la empresa, tengo que estar con mi gente".
La joven de cara redonda, filas atrás, dice que si hubiera riesgos a la salud, de todos modos con o sin minera la gente se enferma de cáncer, pero que por lo menos tendrán trabajo.
Salen a la luz más beneficios de la empresa: apadrina generaciones escolares, arregló los baños de la iglesia, instaló un pequeño vivero donde cultiva árboles de la región y dio despensas el 14 de febrero.
Una señora detalla que además la compañía les prometió una preparatoria, una clínica de salud, becas escolares "y es que la gente aquí siempre ha estado pobre". Al finalizar, un hombre joven sale al paso y espeta: "Usted que está preguntando, que si sabemos los daños que provoca el cianuro, ¿ha visto las cajas de cigarro? ¿Qué producen? Cáncer, ¿no? ¿Y las prohíben? ¿Entonces?".
Un pueblo dividido
En realidad Tetlama está dividido por el tema de la minera. Aunque esa división se mantiene en lo privado.
Como muestra está la familia de Epifanio Ramírez, albañil, músico y campesino. Es el único opositor a la empresa que lo dice abiertamente. Afuera de su casa hay una banderita en apoyo al gobernador perredista Graco Ramírez, que ha dicho que por todos los medios buscará cancelar las concesiones federales.
El albañil se arriesgó a distribuir en su pueblo los folletos que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) imprimió para alertar sobre los "daños irreversibles" por el uso del cianuro para deshacer las toneladas de piedra sacadas de los cerros para extraer el oro.
No toda la gente se lo recibe: "Hay quien me rompe el folleto en la cara". Su esposa dice que está preocupada de que su marido sufra alguna agresión.
En la casa del campesino viven nueve adultos y seis infantes. La señora comenta que la minera los invitó a ver un video con los beneficios que traerán al lugar. Les dieron refresco y palomitas.
Ella sí quiere la mina. No importa que haya riesgos a la salud y al entorno ecológico, con tal de que puedan comer y vivir un poco mejor. En cambio, le preocupa que sus niños manifiesten un temor en incremento: "Es que en la escuela les dijeron que van a quedar como zombies".
Su hijo guarda silencio y sólo abre los ojos. Niños y jóvenes integran un frente opositor invisible en Tetlama.
Así sucede con un vecino adolescente, estudiante preparatoriano, que no quiere dar su nombre. El muchacho y sus amigos buscaron en internet información sobre otras comunidades con mineras que usan cianuro a cielo abierto, y, según él, hallaron que presentan casos de cáncer, ceguera y afectaciones neurológicas.
Reprocha: "Los señores se están poniendo de acuerdo, ¿y nosotros dónde quedamos? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? No nos toman en cuenta".
Derechos ignorados
La noche asoma cuando un comunero contacta a EL UNIVERSAL para hablar afuera del poblado. No quiere revelar su identidad por miedo a sufrir represalias.
Dice que en 1998 la comunidad supo que sus tierras se concesionaron a una minera. Que en 2001 se hizo una asamblea con 160 comuneros de Tetlama y con la asistencia de la Procuraduría Agraria aprobaron la entrada de la empresa, sin que tuvieran información de sus métodos y el cianuro.
"Nunca nos dijeron cómo y por cuánto tiempo iban a explotarla", precisa. Dice que la comunidad está dividida porque sólo a los 160 comuneros la empresa les paga la renta por 70 hectáreas comunales de los cerros a explotar. Cada uno de ellos recibe 7 mil 500 pesos al año.
Explica que la inconformidad crece a partir del movimiento opositor en otros municipios, pues hasta ahora les llega información sobre las afectaciones que podrían sufrir a mediano y largo plazo.
"¿Cómo voy a dejar una herencia de enfermedad a mi esposa, mis hijos, mis nietos?", exclama el comunero que fue un simpatizante convencido de la minera.
"Si antes hubiera sabido, ¡de pendejo sigo metido en esto! ¿Pero por qué hasta ahora nos llega la información? ¿Por qué hasta ahora?", expresa. En Tetlama, por lo visto, no todo lo que brilla es oro.
