CIUDAD DE MÉXICO, 13 diciembre 2014 (Univision/APRO).- Una investigación de la revista Proceso podría tener en sus manos información que cambiaría el rumbo de la investigación del caso Ayotzinapa.
El silencio durante días del presidente Enrique Peña Nieto y su demora en salir a condenar categóricamente el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa parece tener una explicación. Fuerzas de su gobierno participaron en la emboscada que acabó con la vida de seis personas, dejó heridas a 25 y, en su momento, 43 desaparecidos.
“La Policía Federal mexicana participó activa y directamente en el ataque contra los jóvenes”
Según una investigación publicada por la revista Proceso, Fuerzas Federales participaron en el ataque contra los estudiantes el 26 de septiembre pasado, en la ciudad de Iguala, en el Estado de Guerrero.
Según el trabajo de investigación, realizado por los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, el Gobierno federal de México supo, en tiempo real, todo lo que estaba ocurriendo en Iguala la noche de la masacre.
Sobre la base de testimonios, videos, informes inéditos y declaraciones judiciales, la investigación muestra que la Policía Federal mexicana participó activa y directamente en el ataque contra los jóvenes y que la versión oficial de los hechos mantuvo ha ocultado información durante más de dos meses.
Proceso destaca que el ataque fue orquestado para golpear en el corazón de “la estructura ideológica y de gobierno de la institución (por la escuela), pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela y 10 eran “activistas políticos en formación” del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI)”.
La hipótesis de investigación sobre la que avanzaba la Procuraduría General de Republica (PGR) sostiene que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó el ataque contra los aspirantes a maestros rurales para evitar que los estudiantes interrumpieran el informe de gobierno de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, titular del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) municipal.
La noche del 26 de septiembre, Maria de los Ángeles Pineda, aprovechaba la presentación de su informe al frente del DIF como plataforma de lanzamiento de su campaña para suceder a su esposo al frente del municipio.
Cuando Abarca y su esposa supieron de la llegada de las estudiantes, que ya habían protestado en su contra en otra ocasión, temieron que los alumnos volvieran a plantarles cara. El alcalde no dudó y dio la orden de detener su avance. No sabían que los jóvenes, según dijeron varios de ellos aUnivisionNoticias.com, habían llegado hasta allí para tomar unos buses que iban a utilizar durante sus prácticas como docentes por el estado de Guerrero. Y que Maria de los Ángeles y sus aspiraciones políticas no estaban en su radar.
El trabajo sucio lo hicieron policías municipales de Iguala y del vecino ayuntamiento de Cocula. Eso se supo casi desde el comienzo luego de que los sobrevivientes narraran el horror y de que cayeran detenidos decenas de oficiales.
Los agentes los atacaron a balazos. Tres alumnos y otras tres personas que circulaban por la ciudad murieron en la balacera. A 43 se los llevaron secuestrados. El grupo criminal Guerreros Unidos hizo el resto: asesinó, quemó y se deshicieron de los cuerpos de los estudiantes.
Ahora sale a la luz que agentes federales y soldados destacados en la zona estaban al tanto de todo y que algunos participaron en el hecho. Así lo demuestran los documentos y testimonios obtenidos durante la investigación de Hernández y Fisher.
Un informe desconocido hasta ahora del gobierno del Estado de Guerrero –fechado en octubre y entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob) hace más de un mes– señala que desde su salida de la Escuela Normal de Ayotzinapa, los estudiantes estaban siendo monitoreados por agentes estatales y federales.
Según el informe obtenido por Proceso, “a las 17:59 horas el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo informó que los normalistas partían de Ayotzinapa rumbo a Iguala. A las 20:00 horas la PF y la policía estatal llegaron a la autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a hacer una colecta. A las 21:22 horas el jefe de la base de la PF, Luis Antonio Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la central camionera y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiroteo”. Los tres niveles de gobierno estaban informados de la masacre.
La versión coincide con los horarios y ciertos detalles que revelaron los alumnos aUnivisionNoticias.com tiempo atrás. Pero va más allá al sacar a la luz que la Policía Federal estuvo presente durante el ataque y que “también operó el Ejército Mexicano”.
Otro detalle importante es que “el C4 está bajo el control de la policía estatal pero hay un radio operador del Ejército, de la Policía Federal, policía estatal y policía municipal. Se tienen fotografías que demuestran que en el lugar trabajan conjuntamente los tres niveles de gobierno. Las instalaciones de la policía municipal, la Policía Federal y el 27 batallón de infantería se encuentran en la misma zona y están a una distancia de 3 a 4 minutos del lugar donde ocurrió el ataque, según se pudo corroborar haciendo el trayecto”, dice la investigación que Proceso publica en su edición de este domingo. No hay forma de que el gobierno de Peña Nieto alegue que no sabía lo que estaba ocurriendo.
Natividad Elías Moreno, radio operador de la policía municipal de Iguala que despachaba en el palacio municipal esa noche, explicó en una entrevista que “el C4 de Iguala está conectado al Sistema Nacional de Seguridad Pública que controla la Secretaría de Gobernación”, cuyo titular es Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los hombres fuertes de Peña Nieto. Según este testimonio, todos los reportes que llegan al C4 llegan simultáneamente a la Policía Federal, al Ejército y las demás instituciones. La información llega hasta las más altas esferas del poder.
De acuerdo a la investigación, desde el 28 de septiembre, dos días después del ataque, la Fiscalía General de Guerrero, en un intento por deslindar responsabilidades, ordenó a la Policía Federal que informase “de manera urgente” si sus oficiales habían participado de manera activa en los hechos del 26 de septiembre. El fiscal de ese entonces, Iñaki Blanco, pidió el registro de entrada y salida del personal federal de su base de operaciones, ubicada a cinco minutos del lugar donde ocurrió el ataque. Exigió que se le informara el número de patrullas en servicio y el registro del armamento usado entre el 24 y 28 de septiembre. “De acuerdo a los tomos de la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014 la PF nunca entregó esa documentación”, dice la investigación que publicaProceso.
La revista logró obtener 12 videos grabados por lo estudiantes con sus teléfonos celulares durante el ataque. En uno de ellos las victimas identifican claramente la presencia de la Policía Federal mientras los balean. Ya había caído uno de sus compañeros.
El escándalo por el caso, tanto en el país como en el exterior, llevó al Procurador General de la Republica, Jesús Murillo Karam, a tomar las riendas del caso y hacerse cargo de la investigación desde el 4 de octubre pasado. Desde entonces, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene control de la investigación. Una investigación que se ha guardado para si los detalles de la participación de la Policía Federal y del Ejército mexicano.
La investigación de Proceso también solicitó a la PGR y a la Segob que se pronunciara sobre la participación de la Policía Federal y el Ejército en el ataque a los normalistas y las torturas infligidas a los supuestos miembros de Guerreros Unidos.
“El Procurador dijo que las investigaciones continúan, va a llegar hasta sus últimas consecuencias”, señalo un funcionario quien pidió ser citado en nombre de la entidad.
Sobre si los presuntos miembros de Guerreros Unidos fueron golpeados y/o torturados antes de declarar, la PGR dijo que desconocía qué había ocurrido con ellos. Sin embargo, la investigación obtuvo dictámenes médicos hechos por la PGR donde quedaron asentados los abusos contra los detenidos.
La participación de la Policía Federal y del Ejército en los hechos “sí está siendo investigada”, reconoció la PGR.
Por el caso se encuentran detenidas unas 80 personas, incluido el exalcalde de Iguala y su esposa, cuyos hermanos fueron operadores del cartel de la droga de los Beltrán Leyva y del que surgió luego Guerrero Unidos. El gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, tuvo que renunciar.
Desde que los estudiantes fueron atacados, los sobrevivientes y sus familiares reclaman la aparición con vida de los 43 secuestrados. Uno de ellos, Alexander Mora, fue identificado entre restos hallados en Cocula tras la confesión de policías que revelaron la masacre de cometida contra los jóvenes. Ahora buscan a 42.
Mientras tanto, Guerrero fue “invadido” de agentes de la Policía Federal y del Ejército, quienes llegaron al estado por pedido de Peña Nieto “para garantizar la seguridad”. El Presidente lanzó un mega plan contra la violencia que incluye la disolución de las policías municipales. Mientras tanto, se sigue con el trabajo de búsqueda e identificación de los alumnos desaparecidos. En el camino, las autoridades no han parado de encontrar fosas clandestinas con restos humanos que nadie sabe de quiénes son.
