PHOENIX, 18 julio 2010 (El Universal).- Los grupos de voluntarios civiles, el aumento de agentes de la Patrulla Fronteriza y una nueva ley de inmigración no son suficientes para conocido neonazi que encabeza una milicia en el desierto de Arizona.
Jason JT Ready, un ex infante de Marina de 37 años, toma el asunto en sus manos, declarando la guerra a los narcoterroristas y vigilando la zona para detectar a inmigrantes ilegales. Hasta ahora, afirma, su equipo ha encontrado a unos pocos de indocumentados a los que asisten con agua y entregan a la Patrulla Fronteriza.
Este movimiento causa inquietud en las agencias locales del orden, pues el grupo de Ready está fuertemente armado y se identifica con el Movimiento Nacional Socialista, una organización que cree que solamente los blancos no judíos heterosexuales deberían ser ciudadanos estadounidenses y los demás, dejar el país “pacíficamente o por la fuerza”.
A diferencia de los varios grupos de civiles de vigilancia fronteriza que patrullan el desierto a pie, a caballo y en aviones, los integrantes de la organización de Ready visten uniformes de camuflaje, chalecos antibalas, máscaras de gas y además portan fusiles automáticos.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó recientemente la ley SB1070 —que entrará en vigor el 29 de julio— y que permite a la policía, cuando hace cumplir otras leyes, interrogar a una persona sobre su estatus de inmigración si tiene suficiente razón para creer que esa gente está ilegalmente en el país.
“No hemos dejado de rezar”
En tanto, la población indocumentada de Arizona toma sus medidas y hasta rezan con la esperanza de que la ley no entre en vigor el próximo 29 de julio.
Algunos han sacado sus ahorros del banco y vendido todo lo que pueden para afinar los planes de una mudanza hacia Nuevo México, Utah, Nevada y Minnesota; otros, deciden permanecer en Arizona y dar la batalla,
“No hemos dejado de rezar. Pero tampoco de prepararnos para lo peor”, asegura Petra Falcón, de la organización Promise Arizona, una agrupación que trata de frenar la entrada en vigor de la SB1070 pero también apoya a la comunidad inmigrante ante una de las peores campañas de hostigamiento y persecución.
“Queremos que haya registro de los abusos que estamos sufriendo aún antes de entrar en vigor esta ley que atenta contra los derechos civiles y contra los valores fundacionales de Estados Unidos”, afirma Sylvia Herrera, de la organización Puente Movement Arizona, que documenta las vejaciones y ataques contra la comunidad inmigrante para denunciarla ante la ONU.
Fotos: Scrape TV
Racistas presumen donativos a Ley Arizona
PHOENIX, 28 julio 2010 (Notimex).- Organizaciones racistas, clasificadas como grupos de odio, afirman haber aportado recursos económicos al fondo establecido por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, para la defensa legal de la ley antiinmigrante SB1070.
El fondo, creado por una orden ejecutiva de Brewer el pasado 17 de junio, ha recibido ya más de 1.3 millones de dólares en donaciones provenientes de todo el país.
Algunas de las donaciones habrían sido otorgadas por organizaciones clasificadas como grupos de odio, según han dado a conocer algunas de estas organizaciones.
American Third Position, una organización racista con sede en California, anunció en su sitio de internet una donación de "tres dígitos" al fondo para la defensa de la SB1070.
El grupo, que proclama "representar los intereses políticos de los estadounidenses blancos", justificó su aportación al afirmar: "apoyamos todas las iniciativas constructivas de ciudadanos privados, negocios y gobiernos locales, para detener y revertir el mestizaje de Estados Unidos".
El Centro Legal sobre la Pobreza del Suroeste (SPLC), con sede en Alabama, dedicado al monitoreo de los grupos de odio en el país, clasifica al American Third Position como un grupo de odio generalizado.
"Estos grupos promueven una variedad de doctrinas y creencias de odio, y no una sola", explicó el SPLC.
El vocero de la gobernadora Brewer, Paul Senseman, dijo esta semana que se devolverá todo el dinero que sea donado por organizaciones de este tipo que sean identificadas.
"No tenemos ninguna intención de aceptar ninguna donación de organizaciones racistas", aseguró Senseman.
Organizaciones de defensa de los derechos civiles indicaron que será una tarea muy difícil para la Oficina de la gobernadora identificar a tales grupos.
"No entiendo cómo la gobernadora va a saber quién es nazi y quién no lo es", explicó Heidie Beirich, directora de investigación del SPLC.
Las donaciones al fondo para la defensa legal de la SB 1070 se han disparado desde que el gobierno federal interpuso el pasado 6 de julio una demanda para tratar de frenar la ley.
Foto: AP
