Adiós a los castigos: prohíben a padres ver calificaciones de hijos

Madrid, 27 noviembre 2008 (El Universal).- La Agencia de Protección de Datos de Madrid, en España, considera que las calificaciones de un alumno mayor de 16 años son información privada a la que no pueden acceder sus tutores.

Una norma que se debate en Madrid podría evitar que los padres de estudiantes mayores de 16 años puedan acceder a las calificaciones de sus hijos.

Con esto, los castigos a los que los jóvenes estudiantes se ven constantemente expuestos por obtener malas calificaciones podrían llegar a su fin, pues los tutores no tendrían forma alguna de conocer el desempeño escolar de los menores, publica el diario digital Gaceta.es.

Se trata de una ley sobre protección de datos para centros públicos, con la que los adolescentes tendrían la posibilidad de exigir su derecho a la intimidad y exigir que los colegios no revelen a nadie más sus calificaciones por respeto a la privacidad.

"Si los padres de un joven mayor de 16 años no pueden acceder al historial clínico de su hijo ni conocer datos relativos a su salud siempre que no se trate de un caso grave, cabe interpretar, por analogía, que tampoco deben tener acceso a sus calificaciones", explicó Antonio Troncoso, director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid.

Agregó que la Ley Orgánica de Educación establece que la educación obligatoria (en España) se extiende hasta los 16 años, "a partir de los 16 años el ejercicio de la patria potestad como habilitación legal tiene que hacerse compatible con la autonomía del hijo y el libre desarrollo de su personalidad".

Por lo tanto, sentencia, que en un país donde se protege la privacidad si el padre quiere saber si la inversión que hace en la educación de su hijo rinde frutos, deberá primero contar con la aceptación del adolescente.

"No existe una norma sino una interpretación. Si no pueden acceder a información sobre la salud de los hijos, mucho menos a los datos académicos que tienen menos relevancia", señaló Troncoso.

Esta legislación favorece cada vez más la autonomía de los menores y les otorga más capacidad para ejercer sus derechos y, apuntó, la ley general de protección jurídica del menor recoge ese derecho a la intimidad frente a los padres.