La ley vigente (LOE, disposición final primera) permite que los alumnos, a partir de tercer curso de la ESO, puedan faltar a clase para reunirse, si antes lo ponen en conocimiento del director, sin que eso suponga sanción o falta de ningún tipo. En la práctica, la medida ofrece la posibilidad de que los estudiantes menores de edad hagan huelga. «Dejaría de darse una cobertura pseudolegal a las huelgas estudiantiles porque la normativa vigente fue un recurso de última hora del PSOE para conseguir el apoyo del Sindicato de Estudiantes», explica Juan Antonio Gómez Trinidad, experto en Educación. «El que los alumnos no asistan a clase supone una pérdida de calidad de un servicio como es la enseñanza y lo que hizo Zapatero cuando introdujo la disposición vigente en la LOE es un circunloquio para dar cobertura a las algaradas estudiantiles porque un alumno, además, no puede hacer huelga, ya que eso es un derecho laboral», añade.
El presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa), Luis Carbonel, también se mostró de acuerdo con que esta posibilidad se suprima por ley: «No se debe permitir que los menores vayan a la huelga porque los padres son responsables de que sus hijos vayan al colegio y, de hecho, cuando algunos han querido practicar el ‘‘home-schooling’’ han sido denunciados en la Fiscalia de Menores y se les ha amenazado con retirarles la guarda y custoria».
Elegir colegio libremente
El Ministerio de Educación también prevé que el articulado de la futura ley garantice la posibilidad de que los padres puedan elegir libremente el colegio al que desean llevar a sus hijos. Una opción que ya regula por ley la Comunidad de Madrid. La secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, anunció hace unos días durante un congreso que los centros privados celebraron en la capital que el Ministerio está trabajando en nuevas propuestas sobre la libertad de elección de enseñanza por las familias y una mayor autonomía de los centros escolares. Un ejemplo sería la especialización curricular.
Uno de los puntos que generarán debate, sobre todo por parte de catalanes y vascos, será el porcentaje de los contenidos educativos que marca el Ministerio y los que deciden las comunidades. El anteproyecto da mayor control al Gobierno al decidir el 65% de lo que estudian los alumnos en las comunidades con lengua propia y el 75% en el resto. Un 10% más de lo que ahora se tenía (55% y 65% respectivamente). Otras comunidades, como Andalucía, ya han anunciado que se presentarán a la reunión con una postura «crítica» aunque dispuesta a dialogar «hasta la extenuación», según ha manifestó a Ep la consejera de Educación, Mar Moreno, tras recibir el viernes el informe del Consejo Escolar de Andalucía que refleja el rechazo de la comunidad educativa a la reforma del Gobierno central.
El papel que ocupa la cultura clásica en el currículum educativo es otro de los puntos que ha generado polémica. Además de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y de destacados miembros del PP, son muchos los que han levantado la voz para que el Griego y el Latín tengan un mayor peso en el currículum académico ya que con la reforma educativa, un estudiante podría llegar a la universidad sin saber nada de lenguas clásicas. Lo que se demanda al ministro Wert es que la futura norma restaure la Cultura Clásica como materia optativa de oferta obligatoria, que el Latín sea obligatorio en 4º de la ESO en uno de los itinerarios del curso de iniciación al Bachillerato y que, en esta etapa, se oferte el Griego como materia de modalidad en Humanidades.
LA TRAMPA QUE ESCONDÍA LA LOE
Ante la presión sindical, el Gobierno socialista incluyó estas líneas que permiten faltar a clase para acudir a una huelga sin sanción alguna: «Las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro».
31 millones costó la huelga educativa
Hace dos semanas, el Sindicato de Estudiantes, con el apoyo de varias asociaciones de padres, convocaron tres días de huelga en las aulas y animaron a los menores de Secundaria a que no acudieran a clase. De acuerdo con las estimaciones que hizo el Gobierno, la siguieron el 20% de los alumnos. Si se multiplica este porcentaje por el coste por estudiante, el resultado se acerca a los 31 millones de euros. Si por el contrario, el coste se calculará a raíz de los datos que aportó el Sindicato estudiantil, la cifra se elevaría hasta los 109 millones.
Fotos: Internet
El presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa), Luis Carbonel, también se mostró de acuerdo con que esta posibilidad se suprima por ley: «No se debe permitir que los menores vayan a la huelga porque los padres son responsables de que sus hijos vayan al colegio y, de hecho, cuando algunos han querido practicar el ‘‘home-schooling’’ han sido denunciados en la Fiscalia de Menores y se les ha amenazado con retirarles la guarda y custoria».Elegir colegio libremente
El Ministerio de Educación también prevé que el articulado de la futura ley garantice la posibilidad de que los padres puedan elegir libremente el colegio al que desean llevar a sus hijos. Una opción que ya regula por ley la Comunidad de Madrid. La secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, anunció hace unos días durante un congreso que los centros privados celebraron en la capital que el Ministerio está trabajando en nuevas propuestas sobre la libertad de elección de enseñanza por las familias y una mayor autonomía de los centros escolares. Un ejemplo sería la especialización curricular.
Uno de los puntos que generarán debate, sobre todo por parte de catalanes y vascos, será el porcentaje de los contenidos educativos que marca el Ministerio y los que deciden las comunidades. El anteproyecto da mayor control al Gobierno al decidir el 65% de lo que estudian los alumnos en las comunidades con lengua propia y el 75% en el resto. Un 10% más de lo que ahora se tenía (55% y 65% respectivamente). Otras comunidades, como Andalucía, ya han anunciado que se presentarán a la reunión con una postura «crítica» aunque dispuesta a dialogar «hasta la extenuación», según ha manifestó a Ep la consejera de Educación, Mar Moreno, tras recibir el viernes el informe del Consejo Escolar de Andalucía que refleja el rechazo de la comunidad educativa a la reforma del Gobierno central.
El papel que ocupa la cultura clásica en el currículum educativo es otro de los puntos que ha generado polémica. Además de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y de destacados miembros del PP, son muchos los que han levantado la voz para que el Griego y el Latín tengan un mayor peso en el currículum académico ya que con la reforma educativa, un estudiante podría llegar a la universidad sin saber nada de lenguas clásicas. Lo que se demanda al ministro Wert es que la futura norma restaure la Cultura Clásica como materia optativa de oferta obligatoria, que el Latín sea obligatorio en 4º de la ESO en uno de los itinerarios del curso de iniciación al Bachillerato y que, en esta etapa, se oferte el Griego como materia de modalidad en Humanidades.
LA TRAMPA QUE ESCONDÍA LA LOE
Ante la presión sindical, el Gobierno socialista incluyó estas líneas que permiten faltar a clase para acudir a una huelga sin sanción alguna: «Las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro».
31 millones costó la huelga educativa
Hace dos semanas, el Sindicato de Estudiantes, con el apoyo de varias asociaciones de padres, convocaron tres días de huelga en las aulas y animaron a los menores de Secundaria a que no acudieran a clase. De acuerdo con las estimaciones que hizo el Gobierno, la siguieron el 20% de los alumnos. Si se multiplica este porcentaje por el coste por estudiante, el resultado se acerca a los 31 millones de euros. Si por el contrario, el coste se calculará a raíz de los datos que aportó el Sindicato estudiantil, la cifra se elevaría hasta los 109 millones.
Fotos: Internet
