Tres jueces de un tribunal sobre la libertad de información decidieron que va en el interés del público “el que haya transparencia sobre cómo y cuándo el príncipe Carlos busca influir en el gobierno”.
Sin embargo, probablemente la transparencia será breve. Una ley reciente exenta al príncipe de responder a solicitudes futuras sobre libertad de información.
El fallo fue emitido en respuesta a las peticiones del periódico The Guardian, que desde hace siete años pide tener acceso a las cartas del príncipe a siete oficinas del gobierno.
Varios departamentos gubernamentales se habían negado a divulgarlas, bajo el argumento de que ello podría violar normas constitucionales no escritas sobre la relación entre la monarquía y el gobierno. Además, argumentan que su publicación desalentaría al príncipe para hablar con franqueza.
En la monarquía constitucional de Gran Bretaña, el príncipe carece de poder político pero se reúne en forma regular con el primer ministro y otros altos políticos para hablar sobre los hechos del día. El príncipe heredero tiene el derecho de ser informado de las actividades gubernamentales, como parte de su preparación para asumir el trono.
Sin embargo, los críticos acusan a Carlos de interferir en áreas que no le corresponden e inmiscuirse en las decisiones políticas. El príncipe, de 63 años, tiene puntos de vista firmes sobre asuntos que incluyen la ecología, la medicina alternativa —la cual respalda— y la arquitectura moderna que no es de su simpatía.
En 2009, los destacados arquitectos Norman Foster, Zaha Hadid y Frank Gehry acusaron a Carlos de valerse de su posición real con el fin de atacar los planes para desarrollar viviendas de lujo en lo que había sido un antiguo cuartel del ejército en Londres.
El fallo del tribunal sólo se aplica a las cartas solicitadas por The Guardian, que se remontan a 2004 y 2005.
El gobierno cuenta con un mes para cumplir con la decisión judicial o interponer una apelación.
Durante décadas, la operación de la monarquía británica se mantuvo envuelta en el secreto, pero bajo las leyes de libertad de información implementadas en 2005 la información sobre la familia real puede ser difundida si se demuestra que ello favorece el interés público.
