BUENOS AIRES, 9 septiembre 2012 (El Clarín).- Honduras, uno de los países más pobres, violentos y golpeados por crisis institucionales de la región, está por embarcarse en un insólito proyecto que saca a la luz su fragilidad. Dentro de seis meses, los inversores inmobiliarios podrán comenzar la construcción de tres ciudades privadas, que tendrán su propia policía, sus propias leyes, gobierno y sistema tributario: el gobierno hondureño acaba de firmar un memorándum que da vía libre al proyecto.
El martes pasado, un grupo de inversores internacionales firmó el memorándum del proyecto con funcionarios del gobierno de Porfirio Lobo.
La construcción, según sus defensores, impulsará el desarrollo económico que necesita desesperadamente esta pequeña nación centroamericana, y que al menos uno de sus detractores considera "una catástrofe".
El proyecto, que generaría a largo plazo hasta 200.000 empleos, está destinado a fortalecer al débil gobierno y a la endeble infraestructura de Honduras, un país sumido en la corrupción, el crimen y una persistente inestabilidad política, como consecuencia del golpe de 2009. Las ciudades privadas "tienen el potencial de convertir a Honduras en un motor de riqueza", dijo Carlos Pineda, presidente de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada. Según dijo, "podría ser una herramienta de desarrollo típica de los países del Primer Mundo".
Esas "ciudades modelo" tendrán su propio poder judicial, sus leyes, su gobierno y sus fuerzas policiales. También podrán adherir a tratados internacionales de comercio e inversiones, y establecer su propia política migratoria.
El presidente del Congreso, Juan Hernández, dijo que el grupo norteamericano MGK invertirá 15 millones de dólares para empezar a levantar la infraestructura básica de la primera ciudad modelo, cerca de Puerto Castilla, en la costa del Caribe. Su construcción generará 5000 puestos de trabajo durante los próximos seis meses, y hasta 200.000 empleos a futuro, dijo Hernández, quien también informó que Corea del Norte le prestó a Honduras cuatro millones de dólares para realizar los estudios de viabilidad del proyecto.
"En el futuro, esta fecha será recordada como el día en que Honduras emprendió el camino del desarrollo", dijo Michael Strong, CEO del MGK Group. "Creemos que ésta será una de las más importantes transformaciones del mundo, una oportunidad para Honduras de terminar con la pobreza a través de la creación de miles de empleos."
Hernández dijo que se construirá otra ciudad en el Valle de Sula, en el norte de Honduras, y una tercera en el sur del país. No brindó más detalles al respecto.
Al proyecto se oponen asociaciones civiles, así como los pobladores originarios garífuna, que no quieren que las tierras cercanas a Puerto Castilla y la costa caribeña sean utilizadas para el proyecto. Los garífuna habitan las costas caribeñas de América Central y son descendientes de los arahuacos amazónicos, de los caribes y de esclavos de África occidental.
"Ese territorio les pertenece a las tribus garífuna y no puede ser entregado a capitales extranjeros, en un gesto de colonialismo puro como el que se vivió en Honduras durante la época en que nuestra tierra se convirtió en un enclave bananero", Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña.
Oscar Cruz, ex fiscal constitucional, presentó el año pasado una moción ante la Corte Suprema calificando al proyecto de inconstitucional y con consecuencias "catastróficas" para Honduras.
En una entrevista, Strong dijo que, no bien el gobierno de Honduras apruebe los límites territoriales del emprendimiento, los constructores empezarán a levantar la infraestructura de la primera ciudad, donde esperan tener al menos dos o tres empresas instaladas en los próximos 18 meses.
Strong dijo que la inversión de 15 millones de dólares está pendiente de aprobación por parte del gobierno hondureño. Agregó que todavía no hay ocupantes que se hayan comprometido a trasladarse a la futura ciudad privada, pero los inversores auguran la presencia de empresas textiles, de ensamblado de manufacturas y de servicios tercerizados, como call centers o centros de procesamiento de datos.
Strong agregó que los trabajadores podrán vivir en las ciudades, y las leyes hondureñas que regulan las áreas privadas garantizan los derechos de cualquier ciudadano a vivir también allí. "Puede convertirse en una ciudad en toda la dimensión de la palabra", dijo Strong. "Una vez que haya empleo, necesitaremos viviendas a un precio razonable, escuelas, hospitales, iglesias, comercios, restaurantes, y todos los negocios que hacen a una verdadera comunidad".
Figuras internacionales
El presidente de Honduras designará a "figuras internacionales respetadas mundialmente" y sin intereses económicos en el proyecto, para integrar comités independientes de nueve miembros que supervisarán la administración de las ciudades, cuyo funcionamiento diario será manejado por un gobernador nombrado por ese comité. Los futuros nombramientos en el comité serán decididos por el voto de los miembros que ya estén en funciones, dijo Strong.
Las normas de funcionamiento iniciales serán establecidas en conjunto por el gobernador y los inversores del proyecto, señaló Strong, pero en el futuro esas reglas podrán ser modificadas por votación entre todos los habitantes de la ciudad.
Strong dijo que la ley hondureña no se aplicará en el interior de esas ciudades, pero que tendrían que adherir a las convenciones internacionales sobre derechos humanos y otros principios básicos. Mencionó las ciudades basadas en las mejores prácticas del libre comercio en todo el mundo y dijo tener la esperanza de que sirvan para contribuir al desarrollo de Honduras.
Imagen tomada de focoblanco.com.uy
